sábado, 25 de junio de 2011

Empresas asumen su responsabilidad verde

Las compañías privadas deben empezar su gestión ambiental cumpliendo la legislación vigente, especialmente las pequeñas y medianas que no generalmente no se rigen por lineamientos estratégicos globales en esta materia.

 
En Venezuela, la situación del medio ambiente es compleja y extensa. En el estudio Balance de la Situación Ambiental de Venezuela 2010, realizado por la organización Vitalis, presidida por Diego Díaz Martín, se identificaron 62 problemas puntuales que, en buena medida, trascienden la escala temporal del período bajo estudio, con lo cual se denota que este problema pareciera ser más bien el resultado de una serie de eventos, que la consecuencia de un problema aislado.

La responsabilidad de estos problemas recae en los gobiernos – nacional, regional y municipal, la ciudadanía y las empresas privadas. Estas últimas tienen un papel fundamental en el cuidado del ambiente, entendiéndolo – según Ileana García, consultora con más de 25 años de experiencia, directora de Consultoría Global de Sistemas y de la Comisión de Ambiente de Conindustria y Fedecámaras – como todo lo que nos rodea, el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.

Toda la cadena de producción, comercialización y relacionamiento de las empresas debería estar apegada a las legislaciones ambientales del país donde opera e ir más allá- –incluso con la intención de obtener mejores resultados económicos – para buscar la sustentabilidad.
Para que una empresa sea sostenible en el tiempo es imperativo que su gestión equilibre la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. “Es el llamado Triple Resultado, un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas, según los cuales no puedes tener una empresa exitosa en ambientes depauperados, porque simplemente no va a haber quién compre los productos”, dice Rosa Amelia González, profesora especialista en responsabilidad social del IESA.

En Venezuela, las grandes empresas de origen trasnacional o nacional, afirma García y la apoya el profesor de postgrado de la Universidad Simón Bolívar y experto en el tema, Arnoldo Gabaldón, están conscientes de su responsabilidad ambiental y destinan los recursos para tal fin.

Pero en las pequeñas y medianas industrias y hasta en los comercios la situación es distinta. Por desconocimiento y falta de recursos se incurre en faltas ambientales que el organismo rector – el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente – no fiscaliza, por múltiples causas: falta de personal, de recursos económicos, problemas logísticos, falta de coordinación con gobiernos municipales y regionales, entre otros.

“En Venezuela, y en América Latina en general, se parte de la premisa que una gran corporación es igual a un gran contaminante y no necesariamente es así. Los tipos y niveles de daño ambiental dependerán de la actividad que realice la empresa, sin importar su tamaño. Por ejemplo, en una peluquería, que es un negocio pequeño y muy común en nuestro país, todos los días se manejan químicos y sustancias peligrosas que, seguramente, no se desechan correctamente, y no son fiscalizadas en este aspecto”, dice Ileana García.
Tampoco, dice Gabaldón, las comunidades han asumido toda la responsabilidad que deberían en el proceso de participar e instar a las empresas y gobiernos a que trabajen más proactivamente en materia ambiental. Esta afirmación es avalada por la consulta realizada por Vitalis, la cual arrojó que las asociaciones de vecinos y los consejos comunales fueron evaluados en su gestión ambiental de mala a regular (64.75% y 60.03%), y estas ponderaciones son similares a las hechas en 2009.

Gestión ambiental

Los problemas están claramente identificados, así como los responsables y hasta las posibles soluciones. Es cuestión de voluntad y de destinar los recursos necesarios para ejecutar esas acciones.

Los especialistas identificaron una serie de prácticas que las empresas privadas, especialmente aquellas que no se rigen por políticas globales, pueden aplicar para elevar la calidad de su gestión ambiental o empezar a establecerla, si aún no lo han hecho.

Aquí algunas de esas medidas:

1. Cumplir con el marco regulatorio vigente, el cual, según García es el más complejo de América Latina. La Constitución, acuerdos multilaterales, leyes orgánicas, decretos, resoluciones y ordenanzas rigen la materia ambiental en Venezuela.

Lo mínimo que pueden hacerlas pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, es informarse sobre este marco legal y cumplir con la normativa que les corresponda, dicen los especialistas.

2. Inscribir a la empresa en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (Rasda) para obtener la autorización de manejadores de sustancias, materiales y desechos peligrosos, de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Esta es la cédula de identidad ambiental de las industrias e incluso de algunos comercios, afirma García.

3. Ecoeficiencia: cultura administrativa que, de acuerdo con Díaz de Vitalis, se puede resumir en "producir más con menos", utilizando menos recursos naturales (agua y energía) en el proceso productivo, reduciendo los residuos y desechos, y atenuando la contaminación. Gabaldón va más allá y recomienda organizar departamentos internos que velen por la instrumentación de medidas ecoeficientes.

4. Certificación ISO 14001: La ISO 14001 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el medio ambiente; es aplicable a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que esté buscando una mejora de los impactos medioambientales y cumplir con la legislación en materia de medio ambiente.

5. Establecimiento de programas ambientales educativos dirigidos tanto a empleados como a las comunidades que rodean a la empresa, sus clientes, proveedores y aliados.

6. Asociación a cámaras y organizaciones gremiales como Conindustria, su división Coninpymes, Fedecámaras, entre otras, pues constantemente están organizando eventos gratuitos en la materia. Por ejemplo, García menciona la Cumbre Ecológica Industrial organizada por la Cámara de Industriales de Carabobo con la finalidad de promover la conciencia ambiental entre los industriales y empresarios, quienes están muy ganados a la idea, según comenta la vocera.

7. Transitar del gasto ambiental o destino de recursos con el fin de controlar la contaminación, al costo ambiental o las inversiones asociadas con la prevención, la ecoeficiencia y la producción limpia. La segunda agrega valor y asegura el retorno de la inversión a corto, mediano y largo plazo. La primera no, porque se trata de una acción reactiva a un incumplimiento.

Lo importante, concuerdan los especialistas, es que las empresas, sin importar su tamaño, tomen conciencia de la importancia de cuidar el ambiente y empiecen por cumplir la ley. Al final de cuentas, lo que está en juego es su licencia para operar y su sostenibilidad en el tiempo. Son suficientes razones para pintarse de verde.

10 problemas locales

En el estudio Balance de la Situación Ambiental de Venezuela 2010, Vitalis pulsó la opinión de 131 profesionales de universidades, centros de investigación, empresa privada, organizaciones no gubernamentales de base y sociedad civil, para identificar 62 problemas ambientales puntuales. He aquí los 10 más importantes:

1. Larga sequía e inundaciones: tal situación evidenció la carencia de planes y estrategias eficientes que permitan conocer, comprender, manejar y generar los mecanismos para minimizar los impactos del cambio climático y de las emergencias originadas por los diversos fenómenos naturales ocurridos.

2. Inapropiado manejo de los residuos y desechos sólidos (principalmente domésticos), tanto en la fuente como en los sistemas de transporte, tratamiento y disposición final, en particular dentro de las grandes ciudades.

3. Mal manejo de vectores que ha traído como consecuencia la proliferación de enfermedades metaxénicas, que pueden transmitirse de otros animales a seres humanos, o entre los seres humanos a través de insectos u otros animales. Entre ellas se encuentra el dengue.

4. Inapropiado manejo de las aguas servidas y residuales, que contaminan las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, deterioran el paisaje, y comprometen los atributos físico-químicos y naturales de ríos, riachuelos, lagunas, lagos y playas en todo el territorio nacional.

5. Nueva amenaza de modificar el lindero norte del Parque Nacional Waraira Repano, sin el debido análisis técnico y sin considerar que su modificación pudiera no ser solo riesgosa para la integridad del área protegida y su representatividad ecosistémica, sino para los posibles habitantes que llegaran a poblar la zona.

6. Limitado tratamiento y acceso al agua potable. Muchos expertos reportan agua con problemas de potabilización, producto de las lluvias y de algunos sistemas ineficientes de tratamiento y distribución.

7. Producción y comercialización de equipos electrónicos, considerados como peligrosos una vez desechados. Se debe estimular a los clientes a disponerlos apropiadamente al final de su vida útil.

8. Derroche de agua y energía siguen siendo prácticas habituales de la ciudadanía, pese a las crisis de los sectores energético e hídrico.

9. Proliferación de sistemas de generación de energía eléctrica altamente contaminantes, operados con diesel o gasoil, aunado al poco incentivo e inversión para impulsar el uso de energías limpias o renovables.

10. Pocos esfuerzos en materia educativa ambiental, que formen en valores a la ciudadanía y promueva nuevas actitudes en favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Empresarios proactivos

Ileana García, directora de la Comisión de Ambiente de Conindustria y de la Cámara de Industriales del estado Carabobo, asegura que los industriales y empresarios son ambientalmente responsables. Para probarlo señala como ejemplo las siguientes cifras correspondientes a la región que representa:

Entre 2003 y 2009 en el estado se recolectaron 138.124 toneladas de sustancias, materiales y desechos peligrosos.
En esta acción ambiental se ha invertido 137.000 millones de bolívares.
En mediciones atmosféricas, la inversión asciende a 2.000.000 de bolívares.
En inversión para cumplir, hacer seguimiento y control, se ha destinado 1.500.000 bolívares.

Por: Scarlett Ascanio
Publicado en la edición Nº 7 de Revista RSE Venezuela
 
 
Fuente: ( rsevenezuela )

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