Las investigaciones, desarrolladas por agentes del Seprona en la llamada "Operación Noé", se iniciaron hace varias semanas después de que un colaborador avisara a la Guardia Civil de que, en unos corrales existentes en una zona rural del término municipal de Archena, su propietario escondía animales de forma ilegal.
A pesar de las dificultades para encontrar el lugar, que se encontraba en las proximidades de una rambla de difícil acceso, las gestiones llevadas a cabo por la Guardia Civil llevaron a su localización.
Allí, los agentes hallaron una pareja de búhos reales y otra de lechuzas comunes, sin anillas ni documentación acreditativa de su legal procedencia.
También había una pareja de halcones, en este caso sí anillados y con un documento de cesión de otra persona, lo que unido a la tenencia por parte del detenido de diversos útiles propios de la cetrería hizo pensar a los investigadores sobre su dedicación ilegal a dicho arte.
Según las actuaciones practicadas, el autor de los hechos habría extraído del medio natural las aves rapaces nocturnas cuando aún eran polluelos, procediendo hasta el momento de su hallazgo a su alimentación con ratas muertas con la finalidad última de venderlas en el mercado negro de las aves rapaces para uso en cetrería.
Los búhos reales y las lechuzas comunes, que según la normativa sobre fauna silvestre estarían valorados en unos 6.000 euros, han sido entregados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre "El Valle" de la Alberca (Murcia), a disposición de la autoridad judicial.
Por su parte, los dos halcones peregrinos han quedado temporalmente en poder de su propietario a la espera de que se compruebe la autenticidad de sus anillas y se aporte nueva documentación sobre su lícita procedencia.
Tanto el búho real como la lechuza común se encuentran incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, según se recoge en la normativa nacional actualmente en vigor.
Además, el búho real se halla incluido como especie de interés especial en el catálogo de especies amenazadas de fauna silvestre de la Región de Murcia.
El vigente Código Penal castiga la caza o pesca ilegal de especies amenazadas, así como su comercio o tráfico, con penas de prisión o multa así como con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo que va desde los dos hasta los cuatros años.
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