¿Por qué los venezolanos no tienen garantizado el derecho al agua?

El agua es indispensable para una vida digna y para el efectivo ejercicio de otros derechos humanos. El acceso y suministro oportuno y suficiente de agua es una condición sin la cual no sería posible la realización de otros derechos, entre ellos la salud y la alimentación. Sin embargo, muchas personas carecen de agua potable segura, lo cual implica enormes riesgos y retos para el ser humano.

Como derecho, es un tema poco estudiado y escasamente explorado, que sólo llama la atención de los involucrados cuando las personas o colectividades se quejan por deficiencias en términos de acceso o calidad.  Esto parece indicar que no se ha consolidado una cultura orientada a la exigibilidad y justiciabilidad del derecho al agua, quizás como consecuencia de la falta de políticas de promoción y divulgación de los instrumentos declarativos y convencionales sobre la materia.

Venezuela es un país con grandes recursos hídricos, provenientes en su mayoría de los aportes de la cuenca del río Orinoco, uno de los principales del mundo en razón de su escurrimiento. El volumen superficial promedio nacional escurrido es de 705 millones de metros cúbicos anuales, y los recursos de aguas subterráneas, aun cuando no existe una cuantificación de estos, se calculan en mayor cuantía que los superficiales, dadas las características hidrogeológicas de los suelos del país. Existen seis cuencas hidrográficas: 1) la cuenca del río Orinoco ocupa 770.000 Km2 en territorio venezolano; 2) la cuenca del lago de Maracaibo ocupa 74.000 Km2 en territorio venezolano; 3) la cuenca del Mar Caribe ocupa 80.000 Km2 y drena a lo largo de sus casi 2.800 km de costa las vertientes orientales del sistema Lara-Falcón; 4) la cuenca del río Cuyuní ocupa 40.000 Km2; 5) la cuenca del río Negro ocupa 41.900 Km2 en territorio venezolano; y 6) la cuenca del lago de Valencia ocupa 3.000 Km2.

La conclusión que resalta a simple vista es que en Venezuela hay agua. Es un país que tiene importantes reservas de aguas subterráneas, que no han sido cuantificadas a cabalidad. En general, son aguas de buena calidad utilizadas para el abastecimiento de poblaciones previo tratamiento primario y para riego. Otra característica importante de los recursos hídricos de origen subterráneo es su ubicación al norte del río Orinoco, donde se concentra la mayor densidad de población. No obstante, la pregunta elemental es: ¿Por qué los venezolanos no tienen garantizado el derecho al agua?

Las dificultades son multifactoriales, pero las autoridades venezolanas no han enfrentado con seriedad el tema del agua. El ejemplo más claro es la problemática en los estados Carabobo, Guárico y Aragua, cuyos habitantes han visto disminuida su calidad de vida por la contaminación del embalse Pao Cachinche, que es reservorio de agua dulce para el consumo humano de los habitantes de la Gran Valencia. La evidencia incontrovertible es el colapso del vertedero de basura La Guásima, que afecta el sistema de recolección y disposición final de los desechos sólidos, y también perjudica la calidad del agua que se envía a las viviendas de miles de familias en el estado Carabobo.

La situación es alarmante, pues los líquidos tóxicos que produce la basura descargada en el vertedero La Guásima están drenando a través de las quebradas La Bermeja y El León hacia el embalse Pao Cachinche, lo cual no solo constituye un delito ambiental, sino también una violación de los derechos humanos y especialmente de los derechos a la salud y vida.

Al pesar de que en Venezuela existe un régimen jurídico adecuado, el gobierno no ha realizado la inversión necesaria para recuperar las plantas de tratamiento y potabilización; tampoco ha implementado una política integral para conservar el agua y mejorar su calidad, así como para evitar y sancionar la contaminación de los afluentes hídricos.

No existe una cultura ciudadana que fomente el ejercicio de los recursos jurisdiccionales disponibles para hacer valer el derecho al agua. Los jueces son los garantes de este derecho, cuando particulares o el Estado incumplen con sus obligaciones en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad del agua.

El gobierno debe adoptar una estrategia y un plan de acción nacional en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho con enfoque de seguridad humana. Por ejemplo, un plan que contemple acciones fundamentales como la eliminación de las fugas de agua en los hogares, oficinas públicas y privadas, así como en áreas comerciales y de servicios, la sustitución de tuberías colapsadas y los cortes de tomas clandestinas, dirigidos a lograr ahorro en el suministro de agua, con la participación de las comunidades.

Para afrontar los peligros que se ciernen sobre las violaciones del derecho humano al agua, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben cumplir su papel de garantes de la legalidad. Lo más determinante será la consolidación de las mesas técnicas de agua y los consejos comunitarios de agua en todo el país, como ámbitos de coparticipación y cogestión del agua y el saneamiento que, adicionalmente, fungen como ámbitos de difusión de la información relativa al servicio y al propio derecho humano al agua.

Fuente: El Nacional